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La Generalitat exige al juez la devolucion de los 3,2 millones

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Si no hay una garantía de que el dinero de la televisión pública vuelva a la Administración, más allá de los embargos acordados por la Audiencia Nacional, la Generalitat Valenciana no se sumará a los pactos que ha cerrado la Fiscalía Anticorrupción con la mayoría de acusados en Gürtel.

 

El próximo lunes 9 de marzo arranca en Madrid el juicio por el contrato de las pantallas que adjudicó Radiotelevisió Valenciana (RTVV) para la visita de Benedicto XVI, un servicio que costó 7,four millones pese a que se valoró en tres, y los contactos entre defensas y acusaciones se han intensificado en las últimas horas a la espera de que el Consell valore si se suma o no al acuerdo.

 

Así lo aseguraron ayer fuentes de la Generalitat después de que este periódico avanzara que acusados en Gürtel han confesado por primera vez el expolio de Canal 9 con este evento religioso. Entre los acusados que han llegado a un acuerdo destacan varios de los funcionarios de RTVV procesados, los miembros de la mesa de contratación, así como su exdirector common Pedro García, quien se enfrenta a una petición de pena de 40 años de prisión.

 

La Generalitat liquidó en 2013 RTVV, pero la extinta televisión pública valenciana sigue figurando como acusación en este juicio al ser la perjudicada de los delitos. Su objetivo pasa por recuperar el dinero detraído, que el sumario eleva a 3,2 millones de euros. Los acuerdos entre la Fiscalía y defensas se negocian por separado con cada acusado y el resto de acusaciones no participan del acuerdo. No obstante, según matizaron estas fuentes, en la próximas horas los abogados de Canal 9 que representan al Consell mantendrán un encuentro con la Fiscalía para conocer la letra pequeña del pacto.

 

Cuenta bancaria

Así, RTVV trasladará como condición que los acusados consignen parte del dinero en una cuenta bancaria para contar con una garantía más allás de los embargos acordados, pues varios de los acusados habrían reconocido que se encuentran en una situación de insolvencia económica.

 

Uno de ellos es el propio Pedro García, que incluso podría llegar a evitar la prisión a cambio de admitir los hechos y comprometerse a devolver el dinero, además de abonar las correspondientes multas que superan el millón de euros por el blanqueo de 500.000 euros en comisiones. En cualquier caso, el juicio se celebrará porque el exconseller Juan Cotino se ha negado a reconocer los hechos.

 

Uno de los acusados que se ha sumado a las negociaciones es Ramón Blanco Balín, exvicepresidente de Repsol y el blanqueador de la organización de Francisco Correa, según concluyó la Policía. En su caso, la propuesta de la Fiscalía, a la que ha tenido acceso este periódico, recoge que se sustituiría la condición de autor del delito de falsedad documental por la de cómplice y la pena se rebajaría a los seis meses de prisión si identifica las personas que blanquearon comisiones a través de varias empresas. Respecto al blanqueo, la pena que podría proponerse sería la de Three meses de prisión.

 

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